En algunos de los casos exigía el dinero para "que el informe fuera favorable". La Justicia Federal, la misma para la que trabajaba, lo condenó.
Un médico de esta ciudad fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a 5 de inhabilitación especial para el cargo de perito al comprobarse que cobraba los éxamenes que debía hacer para distintos expedientes.
La sentencia se conoció en las últimas horas y fue tomada por el Tribunal compuesto por Mario Portela, Néstor Parra y Roberto Atilio Falcone, quienes consideraron la acusación del fiscal Juan Manuel Pettigiani e incluso impusieron una pena similar a la solicitada, salvo en la inhabilitación. Pettigiani había pedido 6 años.
Según la resolución el médico Eduardo Francisco Scorziello fue hallado responsable del delito de exacciones ilegales (6 casos) y concusión (1 caso) cometidos en su consultorio de Rodríguez Peña al 3400.
El defensor, en tanto, Pablo Javier Gentile había alegado alegó que los hechos no constituían “delito ni siquiera falta de ética” y que, además, no estaban probados porque solo se trataba del testimonio de las víctimas.
El delito de exacciones ilegales se presenta cuando el funcionario público exige al particular una contraprestación indebida, en nombre y a beneficio del Estado a diferencia de la concusión que se presenta cuando el funcionario exige arbitraria y violentamente la entrega de una dádiva para provecho propio, toda vez que como el Estado no puede recibir dádivas.
Los siete hechos que se acreditaron sucedieron entre septiembre de 2005 y julio de 2007, lapso en el que el Scorziello preparaba informes de revisaciones médicas por solicitud de la Justicia Federal. Los “aranceles” cobrados eran en 2005 de 200 pesos, poco menos que la mitad de un sueldo mínimo que en ese período estaba en 450 pesos
Además de la pena impuesta los jueces establecieron como regla de conducta el deber de fijar domicilio y concurrir ante el juez de ejecución penal cada seis meses.